Weslaco, Texas.- La intensificación de las deportaciones por parte del gobierno de Trump está generando un clima de temor entre los migrantes en el sur de Texas, muchos de ellos residentes por décadas. Esta situación extrema los lleva a evitar salir de sus hogares, incluso para recibir atención médica vital, ante el riesgo inminente de detención.
Juanita, una madre de 41 años que ha vivido en Estados Unidos por más de dos décadas y es prediabética, ejemplifica esta angustia. Recientemente, su esposo la alertó sobre la presencia de agentes de inmigración en el estacionamiento de una farmacia, impidiéndole surtir sus medicamentos esenciales. El temor a ser deportada y dejar desamparada a su hija de 17 años con síndrome de Down es una constante.
”Si me atrapan, ¿quién va a ayudar a mi hija?”, cuestiona Juanita, cuya identidad se mantiene con solo su nombre de pila para proteger su estatus migratorio.
Casos como el de ella, apartados de la vista pública en el vasto Rio Grande Valley, revelan una crisis humanitaria.
Las directrices de la Casa Blanca, que ordenan a los agentes federales no excluir ningún lugar —incluyendo hospitales e iglesias— en su objetivo de expulsar a un millón de migrantes para fin de año, han exacerbado el miedo. Además, la revisión de bases de datos de registros médicos por parte del gobierno federal para identificar a indocumentados ha añadido una capa de preocupación, afectando a poblaciones ya vulnerables en una de las regiones más pobres e insalubres del país.
Por La Jornada
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